“Para nosotros, para el Estado Plurinacional, hoy es un día de luto y mucha tristeza”, dijo Yolanda Pozo en la Legislatura de Mendoza durante la presentación del Informe Final sobre la situación de los Derechos Humanos en el país, al cumplirse dos meses del Golpe de Estado que derrocó al presidente Evo Morales Ayma.
El senador Rafael Moyano junto a los abogados Pablo Garciarena, Gonzalo Evangelista y miembros del MAS IPSP, Xumek y Frente de Todos, mostraron lo que se expuso semanas antes en el Congreso de la Nación: el Informe definitivo de la Delegación Argentina sobre la situación de los Derechos Humanos en Bolivia.
Un grupo de 40 personas- de los cuales 22 son abogados/as- pertenecientes a diferentes organizaciones políticas, sociales y sindicales argentinas viajó a Bolivia el pasado 28 de noviembre para ver lo que estaba sucediendo en el lugar, romper el cerco mediático y difundir lo que estaba ocurriendo.
A partir del 22 de octubre el grupo comenzó a tomar conocimiento de los hechos de violencia que estaban sucediendo desde esa fecha en Bolivia: primero en el marco de la generación de dudas -por injerencia de la OEA- respecto al proceso electoral; y luego en el contexto del golpe, los ataques y agresiones de las fuerzas policiales y militares bolivianas -además de grupos fascistas como la Juventud Santacruceña- a los indígenas.
En El Alto, los disturbios en una refinería de gas que enfrentaron a policías y ciudadanos, conocido más tarde como la masacre de Senkata, motivaron el viaje de la delegación.
La tarea que tuvieron los/as abogados/as cuando llegaron al lugar, fue relevar los hechos que atestiguaban la violación masiva de DDHH a través de denuncias y entrevistas con los familiares de las víctimas.
Lo que los llevó a concluir que “en Bolivia hay terrorismo de estado”. Pablo Garciarena acreditó la existencia de violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias y delitos de lesa humanidad, razón por la cuál la delegación busca articular con otros actores internacionales “acciones de denuncia y protección”.
El trabajo de la Comisión
Gracias a la intervención del SEPAJ (Servicio de Paz y Justicia) de Adolfo Pérez Esquivel, el grupo viajó el 28 de noviembre y se instaló en El Alto los días 29 y 30 para receptar y recibir denuncias, formular entrevistas y contactar con los familiares directos de las víctimas de la masacre de Senkata, ocurrido allí a penas dos semanas antes, con un saldo de 20 fallecidos y más de 100 heridos.
Cuando la delegación llegó al país, parte de la misma fue demorada. Se los interrogó acerca de las actividades que realizarían en Bolivia; un procedimiento que, según Garciarena, no responde a ninguna ley o norma vinculada a seguridad migratoria, por lo que se realizó con fines intimidatorios.
El grupo de argentinos también fue amenazado, insultado y amedrentado por personas vestidas de civiles que estaban coordinadas con la policía “Generaron provocaciones para que supiéramos que no iba a ser fácil la tarea” expresó el abogado.
Al día siguiente el ministro del interior del gobierno de facto, Arturo Murillo, hizo declaraciones públicas al respecto “nos dijo que tuviéramos cuidado, que íbamos a estar vigilados y seguidos. Situación que efectivamente ocurrió porque después lo verificamos”, manifestó el miembro de la delegación durante la presentación.
Está situación de inseguridad llevo al grupo de especialistas a qué concentrara las entrevistas y denuncias en la pequeña parroquia de El Alto, conocida a través de los medios internacionales como el espacio dónde se llevó a cabo el reconocimiento de cuerpos luego de la masacre.
“La Iglesia Católica en Bolivia no se refirió específicamente sobre el golpe de estado, por lo cual entendemos que lo avaló y lo acompañó. Pero este curita de El Alto, no solo lo repudió, sino que puso a disposición su parroquia. De hecho el curita estaba en situación de clandestinidad porque no lo conocimos ni lo vimos” dijo Pablo Garciarena.
La delegación no tuvo problemas para desarrollar su tarea, debido a que el poder territorial en El Alto no lo tienen las fuerzas policiales y militares del gobierno de facto, sino las organizaciones sociales que conducen las comunidades locales.
Durante un día y medio recibieron más de 120 denuncias cuyos testimonios son las pruebas “más duras, claras e indiscutibles” sobre lo ocurrido: “Nosotros podemos constatar que el gobierno de facto ejerce terrorismo de estado y viola masivamente los derechos fundamentales de los ciudadanos bolivianos”, manifestó Garciarena. Asimismo argumentó que son delitos de mesa humanidad y que por tal naturaleza pueden ser investigados en cualquier jurisdicción: "son de jurisdicción universal”.
Los derechos que estaban siendo afectados fueron: el derecho a la vida, a la integridad física y sexual, civiles y políticos. También recibieron denuncias de casos ocurridos en Potosí, Sucre y Cochabamba.
Caso Sebastián Moro
El abogado Pablo Garciarena hizo incapié en el caso de Sebastián Moro, periodista mendocino que vivía en La Paz desde 2018 y trabajaba en “Prensa Rural” - medio vinculado a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB)- y era corresponsal de Página 12. Decidió irse a Bolivia después de haber sido despedido de Radio Nacional Mendoza, dónde se destacó por la cobertura de los juicios de lesa humanidad que se llevaron a cabo en la provincia.
Su muerte en dudosas circunstancias motivó a la delegación a incorporarlo al Informe y sugerir una investigación a fondo.
Según su familia, Sebastián había sido amenazado. El diario donde trabajaba fue quemado, boicoteado y atacado. El director de Prensa Rural, José Aramayo, fue atado a un árbol y torturado.
El 9 de noviembre es la última vez que se tiene información de Sebastián y el 10 de noviembre a través de un amigo que va a visitarlo, debido a que habían perdido contacto con él, lo encuentra tirado en su departamento y lo logra llevar rápidamente a una clínica privada.
La clínica Rengel de Sopocachi se pone en contacto con la familia y le informa que había sufrido un ACV. Pero una vez en Bolivia, su madre Raquel y hermanas Penélope y Melody empiezan a tomar contacto con las últimas horas del comunicador que fallece el día 16.
Cuando las mujeres ingresan al departamento, no encuentran su material de trabajo: un chaleco de prensa, su grabador y cuaderno de apuntes.
La familia también advierte situaciones muy confusas y poco claras respeto a su estado de salud ya que el periodista presenta en su cuerpo escoriasiones y golpes.
A esto se suma que la clínica privada del barrio paceño de Miraflores, en la que fue atendido, no le pone a disposición -en una primera instancia- toda la historia clínica, específicamente aquella vinculada a cuáles fueron las condiciones en las que llegó. Asimismo, cuando fallece la clínica los obliga a retirar el cuerpo rápidamente, cobrandoles grandes cantidades de dinero para mantenerlo.
Las autoridades de Bolivia les exigieron a la familia la cremación del cuerpo para poder sacarlo del país y traerlo a la Argentina.
“En pleno golpe de estado y situación de indefensión en que se encontraba la familia, se ven obligadas a cremar el cuerpo y traer sus cenizas. Por lo que acreditar lo que ocurrió es muy difícil sin tener el cuerpo. Por lo cual hay una situación que amerita investigar a fondo” manifestó el abogado de DDHH.
“Por esto nosotros decidimos incluir el caso de Sebastián Moro en el informe y poner en evidencia ésto, que la muerte de Sebastián no está clara como ocurrió, es muy confusa y requiere una investigación de cómo fueron las horas previas y sobre todo esto que se advierte en su cuerpo, golpes y escoriasiones específicas que no tienen relación alguna con el ACV” concluyó respecto al tema Pablo Garciarena.
Futuras estrategias
El 27 de diciembre la delegación se reunió con Evo Morales. En éste marco el grupo le informó al ex mandatario acerca del trabajo que habían realizado, la documentación lograda y las estrategias de litigio que se pueden llevar a cabo.
Durante la reunión se acordó articular un espacio junto al equipo jurídico de Morales para iniciar acciones concretas de protección de las victimas.
Hasta el momento se han formulado denuncias en la Justicia Federal Argentina para habilitar la jurisdicción universal y se está trabajando para llevar a cabo una “estrategia global de litigación” para denunciar ante la Comunidad internacional y la Corte Penal Internacional la violaciones de derechos humanos y avanzar en la investigación sobre los responsables de la masacre.
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