“Todos los caminos del paramilitarismo conducen a Uribe”

 

La Corte Suprema de Colombia ordenó la detención domiciliaria del ex presidente y actual senador, Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. Sumado a ello -como si esto fuera poco- se conoció que el funcionario también dio positivo para coronavirus.

Todo comenzó en el año 2011 cuando el actual senador del Polo Democrático Alternativo y vocero oficial del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Iván Cepeda, acusó a Álvaro Uribe de ser parte del surgimiento de los grupos paramilitares en el país. Cepeda, para realizar su acusación, presentó como testigos a ex miembros del paramilitarismo. Por ésta situación Uribe se dirigió a la Corte Suprema y acusó al activista de manipular a los testigos.

La justicia investigó y llegó a la conclusión de que el vocero de MOVICE no había sido quien manipuló testigos, sino que fue el mismo Álvaro Uribe quien llevó a cabo tal acción.  Por ésta razón, el Tribunal decidió privarlo de su libertad hasta que se desarrolle el juicio oral, ya que intentan evitar que el ex mandatario obstruya el accionar de la justicia.

Álvaro Uribe Vélez es uno de los políticos más influyentes y controversiales de la historia contemporánea colombiana, por lo que su detención se transforma en un hito, no solo porque es la primera vez que la Corte toma esta medida contra un ex presidente, sino también por que durante años se lo vinculó a varios hechos delictivos relevantes como fue el caso de los Falsos Positivos, además de su relación con el narcotráfico y el paramilitarismo.

Fue electo presidente de la nación en dos ocasiones, durante los periodos 2002-2006 y 2006-2010. Se opuso fuertemente al acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC –EP durante el gobierno de Juan Manuel Santos y en la actualidad es la figura más importante del partido Centro Democrático, la fuerza que dirige el país, de la mano del presidente Iván Duque.

Para conocer un poco sobre su historia, comparto a continuación parte de un informe que realicé en el año 2011 y publiqué en éste blog sobre la situación política de Colombia. En el mismo trato algunos antecedentes del ex mandatario para poder entender quién es éste personaje político y qué representa.

El Uribismo

Durante el periodo 1998- 2002 se llevó a cabo entre el gobierno del por entonces presidente Andrés Pastrana un proceso de negociación para lograr la paz entre el Estado y la guerrilla de las FARC que se denominó Proceso de Negociación en el Caguán o Diálogos de Paz en el Caguán. El mismo no logró concretarse.

Debido a los incesantes secuestros de las FARC después de la ruptura del acuerdo de paz, Gustavo Francisco Petro Urrego, político colombiano, ex militante del movimiento armado insurgente M-19, aseguró que “La traición que la sociedad colombiana experimentó de un proceso de paz al cual le puso toda la esperanza – pues ninguna de las partes la quería realmente-  produjo un efecto político que la guerrilla no previó, que fue el ascenso de la extrema derecha muy ligada al narcotráfico, lo que se llamó “el uribismo”.

El uribismo proviene del ex presidente Álvaro Uribe, enemigo declarado de las FARC. Un hombre que empezó su carrera política en los años 80 en su ciudad natal, Antioquia, localizada en la zona noroccidental del país, cuya capital es Medellín, la ciudad del cartel y cuyo exponente más conocido fue Pablo Escobar.

El periodista Ignacio Gómez, uno de los principales investigadores de Uribe, cuenta en el documental El origen de las FARC que comenzaron a amenazarlo cuando demostró la existencia de un helicóptero del presidente Uribe en el laboratorio Tranquilandia. En éste marco el comunicador declaró: “el presidente era en 1984 dueño de un helicóptero que fue encontrado en el laboratorio de cocaína más grande jamás descubierto en la historia del narcotráfico”.

Mientras el presidente Álvaro Uribe era alcalde de Medellín, Pablo Escobar, desarrollaba con la población de esta ciudad un programa cívico - social que se llamaba "Medellín sin disturbios". En esos barrios la alcaldía llevaba a cabo campañas sociales que se mezclaban con las donaciones y propuestas de Pablo Escobar.

Los servicios de información estadounidenses denunciaron en el año 1991, a través de un documento confidencial  desclasificado, que Álvaro Uribe Vélez estaba relacionado directamente con el narcotráfico. Este documento fue titulado “Perfiles de Traficantes Colombianos” en el se puede leer el siguiente enunciado:

“Álvaro Uribe, senador, colabora con el cartel de Medellín al más alto nivel gubernamental y es amigo íntimo de Pablo Escobar que ha financiado su campaña electoral”.

En la época de las matanzas de sindicalistas, cuando Uribe era gobernador de Antioquia, legalizó sociedades de seguridad privadas denominadas “Convivir” que se aliarían con los grupos paramilitares. Estos, según Ignacio Gómez, “asesinaron a sindicalistas y a por lo menos 134 miembros de una comunidad afro-colombiana”.

En aquellos años 1.500 sindicalistas fueron asesinados por cuerpos de paramilitares en la región de Urabá, golfo de Colombia, ubicado en un sitio de confluencias entre los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó y el Tapón de Darién, en la frontera con Panamá. Se les atribuyen miles de muertes, matanzas de civiles y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de campesinos.

La presidencia de Uribe se caracterizó por no negociar con las FARC para la liberación de rehenes, incluso fue un fuerte opositor del Acuerdo de Paz llevado a cabo por su sucesor, el presidente Juan Manuel Santos. Uribe, en cambio, no dudo en negociar con los grupos paramilitares, que eran tratados como aliados.

Un caso esclarecedor fue cuando el mandatario le permitió a tres jefes paramilitares dirigirse al Congreso colombiano, en el marco de la sanción de la ley de desmovilización. Uno de ellos fue Salvatore Mancuso, imputado en 60 procesos por la muerte de 7.000 personas.

Mancuso dijo frente a los congresistas, en un discurso muy aplaudido que se difundió por la televisión colombiana que la ley de desmovilización permitiría construir los instrumentos jurídicos para una “salida digna de la guerra para todos los comandantes, combatientes y privados de la libertad” de la organización, y que significaba una recompensa por su “sacrificio por la patria, por haber liberado de la guerrilla a media república y evitar que se consolidara en el suelo patrio otra Cuba o la Nicaragua de otrora”, razón por la cual pensaban que no debían ser juzgados y encarcelados.

Frente a estos dichos, el gobierno de Uribe, consolidó una ley compasiva con Mancuso y los jefes paramilitares. El presidente finalmente los desmovilizó tras un proceso de paz en 2006, pero el grupo se dividió y comenzó a incursionar en la delincuencia.

Las negociaciones no solo desembocaron en la desmovilización de Mancuso sino también de unos 32.000 hombres que se convirtieron en una carga para Uribe. Unos 200 jefes negociaron su situación en base al famoso “Decreto justicia y paz” que implicaba que a cambio de confesiones exhaustivas, se les prometían grandes reducciones de las penas.

Las revelaciones que en aquel momento realizó Mancuso, llevaron a una serie de detenciones, cuando éste en una entrevista exclusiva para RCN noticias dijo: “En todo el país se eligieron congresistas, y ¿quiénes los eligieron? pues aquellas poblaciones que direccionábamos directamente”.

Según Mancuso, el 35% del Congreso había sido elegido gracias a los paramilitares. A causa de los dichos en esta entrevista, varios senadores y jefes de la coalición uribista fueron detenidos en la cárcel “La Picota”. Se alojaban en un ala privilegiada donde organizaban encuentros familiares. Esta ala, pronto fue bautizada como “El Congresito”.

La Corte Suprema de Justicia también inculpó al jefe de los servicios de inteligencia, que fue acusado de eliminar los expedientes que relacionaban a políticos con paramilitares y traficantes. El país, estaba sumido en una crisis calificada como “Para - política” por la vinculación del paramilitarismo con la política.

Piedad Córdoba, senadora en Colombia desde 1994 hasta el 2010, miembro del Partido Liberal  y líder del movimiento Poder Ciudadano Siglo XXI, aseguró hace algunos años que “todos los caminos del paramilitarismo conducen a Uribe”. La reciente detención del ex presidente por manipular a testigos paramilitares con el objetivo de que no se descubran sus vínculos, muestra que Córdoba no estaba alejada de la realidad.

Otro de los casos que conmocionó a la opinión pública fue el de “Falsos Positivos”; una serie de asesinatos ocurridos durante el gobierno de Uribe bajo  su programa “Seguridad Democrática” durante el 2006 y el 2008. En este contexto miembros del ejército colombiano, asesinaron a cientos de civiles cuyos cuerpos se los hizo pasar por bajas guerrilleras en combate, pues el ejército necesitaba presentar resultados del accionar de las brigadas contra los grupos insurgentes.

El entonces senador Gustavo Petro denunció que los falsos positivos eran responsabilidad del gobierno, ya que su Ministro de Defensa, Camilo Ospina Bernal, fue quien firmó la Directiva Ministerial que consistía en ofrecer 1900 dólares por cada guerrillero o paramilitar muerto. Poner precio a la cabeza de un revolucionario motivó a que los soldados del  ejército comenzaran a asesinar indiscriminadamente, incluso a personas que no eran miembros de las FARC. Asimismo muchas veces, se unían a paramilitares para llevar a cabo  operaciones conjuntas en las que se asesinaban civiles.

Después de 6 años de uribismo decenas de periodistas, jueces, líderes indígenas y campesinos murieron, 1millón 700 mil campesinos fueron expulsados de sus tierras, 10 mil personas desaparecieron, 430 sindicalistas fueron asesinados, miles de campesinos fueron encarcelados acusados de terrorismo y la selva se llenó de rehenes por la falta de dialogo con las grupos armados.

 

Sabrina B. Cereda