Durante los últimos días, han sucedido diversos episodios en la región que han llamado la atención internacional debido a la relevancia de los mismos, y que reflejan la situación compleja que está viviendo el continente. Conflicto de poderes en Venezuela, elecciones en Ecuador y violencia en Paraguay.
Por Sabrina Cereda
Venezuela ha protagonizado, nuevamente uno de los hechos más
importantes de la semana, pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ese
país decidió suplir las facultades de la Asamblea Nacional (AN) por encontrarse
en desacato desde principios del año 2016. Esto se debe a que la AN juramentó
como miembros del parlamento a tres diputados del Estado de Amazonas que fueron
elegidos mediante prácticas fraudulentas, razón por la cual el TSJ había
suspendido sus proclamaciones. Desoyendo la decisión del máximo tribunal los
diputados fueron igualmente juramentados. Este accionar ilegal llevó a que la
justicia declarara a la Asamblea Nacional en desacato y señalara que sus
decisiones son nulas mientras continúen en esa situación.
El parlamento hizo caso omiso a la decisión de la justicia
durante todo un año y a principios de 2017, aun fuera de lo márgenes legales,
asumió una nueva Junta Directiva en la que el diputado Julio Borges se
autojuramentó como nuevo presidente de la Asamblea.
Borges, anuló la juramentación de los tres diputados de
Amazonas en enero de este año para eliminar la condición de desacato. Sin
embargo, la sentencia del TSJ señala que todos los actos de esta nueva
dirección son nulos ya que es la Junta Directiva anterior – del año 2016- que estuvo presidida por Henry Ramos Allup,
la que debe anular las juramentaciones de los diputados ya que ésta ha sido la
única electa en situación de acato constitucional.
Por lo tanto, la directiva actual de la AN y la anulación de
los diputados de Amazonas no se consideran válidas al igual que cualquier
decisión que lleve a cabo la Asamblea. Esto significa que quienes están
atentando contra el orden democrático y constitucional de Venezuela es, nada
más ni nada menos que la Asamblea Nacional, que se niega a salir del estado de
desacato para comenzar a cumplir sus funciones de forma legal, con los
representantes verdaderamente electos por el pueblo bolivariano.
La sentencia emitida por el TSJ durante esta semana en
Venezuela tiene razones económicas ya que es consecuencia de una consulta
realizada por el Ejecutivo venezolano a través de la empresa Petróleos de
Venezuela (PDVSA), quienes necesitaban someter al parlamento la propuesta de
conformar “Empresas Mixtas” o consorcios, para interactuar financieramente con
grupos inversionistas en los desarrollos petroleros del país. PDVSA, ante la
situación de desacato del parlamento no puede tratar el tema ya que sus
decisiones son nulas, por lo tanto se sometió a consideración del TSJ la
situación para poder solucionarla.
En este marco el miércoles pasado, la Sala Constitucional del
TSJ emitió un dictamen en el que resolvió, “ante el desacato de la Asamblea
Nacional”, que “no existe impedimento alguno para que el Ejecutivo Nacional
constituya empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley
Orgánica de Hidrocarburos”, y en sus puntos también “declaró la Omisión
Inconstitucional parlamentaria” y advirtió que, “mientras persista la situación
de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta
Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean
ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para
velar por el Estado de Derecho”.
Esta sentencia fue la que revolucionó a la oposición
venezolana, a la AN, a gobiernos de derecha, a organismos internacionales como
el MERCOSUR y la OEA, que de forma orquestada a través de los medios de
comunicación a nivel mundial viralizaron el argumento de que Maduro a través
del TSJ había llevado a cabo un “Auto Golpe de Estado”, situación totalmente
descabellada y alejada de la realidad. Pues el TSJ toma esta decisión frente a
la obsolescencia de la AN que se niega a encausarse en la legalidad, abandonar
el desacato y comenzar a desarrollar sus funciones como el resto de los poderes
del estado.
Los sectores de la derecha nacional e internacional
aprovecharon la sentencia para intentar nuevamente la aplicación de la Carta
Democrática contra Venezuela, esta vez con una nueva excusa: un supuesto “golpe
de Estado”, que en realidad es una respuesta dada por el TSJ para intentar
resolver la grave situación que vive el país, dado que la Asamblea Nacional no
está ayudando en ese sentido, sino que prácticamente se ha anulado a sí misma.
La OEA y el MERCOSUR, fueron los más “escandalizados” por el
hecho. Pues vienen desde hace tiempo, específicamente a partir del avance de la
derecha en la región, cuestionando a Venezuela como miembro de estos organismos
y aislándolo.
Luis Almagro, titular de la OEA, convocó a una reunión
urgente para revisar la situación de Venezuela que se desarrollará este lunes.
Lo cierto es que Almagro viene detrás de Venezuela hace tiempo. Pues en el mes
de marzo había pedido que se suspenda a Venezuela de la OEA si no se convocaba
a elecciones anticipadas en un mes ya que para él en el país hay una alteración
del orden constitucional que afecta “gravemente” su orden democrático”.
La periodista Telma Luzzani
asegura en una nota publicada en Tiempo Argentino que “Existe un
gravísimo señalamiento contra el actual Secretario General de la OEA, Luis Almagro,
que lo involucra en una operación comando planificada por el Pentágono contra
el gobierno de Venezuela. El dato se encuentra en un documento titulado
“Venezuela Freedom 2” con fecha del 25 de febrero de 2015 y está firmado por el
jefe del Comando Sur, Almirante Kurt Tidd”.
En este marco Luzzani manifiesta que “El plan destituyente
“Freedom 2” consta de 12 puntos y plantea entre otras cosas un “enfoque de
cerco y asfixia; contra el gobierno de Nicolás Maduro y, en el plano político
interno insistir en el gobierno de transición y las medidas a tomar después de
la caída del régimen, incluyendo la conformación de un gabinete de emergencia”.
El punto octavo – según la comunicadora- es el que involucra
directamente a Almagro. En el mismo se expresa que “En el plano internacional
hay que insistir en la aplicación de la Carta Democrática, tal como lo hemos
convenido con Luis Almagro Lemes, Secretario General de la OEA”.
Telma Luzzani también manifiesta que “Este pacto con las
altas esferas de Estados Unidos explica el afán con que Almagro se ha abocado
desde el comienzo de su cargo en la OEA a derribar el gobierno de Maduro.
Almagro condena a diario la prisión del venezolano Leopoldo López (…) pero no
dice una palabra sobre los asesinatos a líderes sociales en Colombia (que pasan
largamente el centenar desde la firma de los acuerdos de paz), ni de los
crímenes diarios en Honduras o México, ni de las denuncias de persecución que
elevan organizaciones sociales y de izquierda contra el gobierno de Horacio
Cartés en Paraguay”.
En la misma línea de la OEA,
se posicionan los miembros del MERCOSUR quienes se reunieron de urgencia
y manifestaron en una declaración
conjunta que instan al gobierno bolivariano a asegurar la efectiva
separación de poderes, respetar el cronograma electoral y liberar a los presos
políticos, casualmente las mismas peticiones de Almagro.
La canciller venezolana Delcy Rodriguez frente a esta
situación expresó “esta bufonesca injerencia que pretende socavar la soberanía
de Venezuela es protagonizada por un canciller de facto (Brasil) una canciller
disminuida por los criminales políticos, sociales y económicos de su país
(Argentina) y un canciller a escasas horas del asesinato de un disidente
político y nociva represión en las calles contra el pueblo (Paraguay)”.
Rodríguez hizo hincapié en los hechos violentos que
sucedieron en Paraguay el día viernes, en el que un grupo de 25 senadores
aprobaron en una reunión convocada por sorpresa y a puertas cerradas una
enmienda a la constitución que permite la reelección presidencial en ese país,
lo que llevó a que manifestantes incendiaran el Congreso y que la policía
reprimiera. Como resultado de los enfrentamientos hubo oficialmente un muerto
pero se estiman que ascienden a 4 las personas fallecidas. Expertos afirmaron
que no se respetaron los procedimientos
ni protocolos legislativos para aprobar la iniciativa y que una propuesta
similar había sido rechazada en agosto pasado. Según las normas vigentes el
tema no podía volverse a tratar hasta que pasara un año.
Estos hechos que no fueron tratados por ningún organismo, de
la misma manera que se hizo caso omiso en su momento al golpe de estado en
Brasil, país que hoy tiene un gobierno de facto y que cuyo artífice de la
destitución de Dilma Rousseff, Eduardo Cunha, esta semana fue condenado a 15
años de prisión por corrupción.
Volviendo a Venezuela, finalmente luego de que el presidente
Nicolás Maduro llamase al Consejo de Defensa de la Nación para tratar el tema
de la sentencia frente a las diferencias entre la Fiscal General y el TSJ, el
poder judicial dio marcha atrás con su decisión; aunque el dictamen del Tribunal Supremo implicaba una medida temporal, no disolvía la
AN ya que por vías legales e institucionales podía volver a sus funciones y
esta no significaba un golpe de estado. El final de la situación es la muestra
de que el país bolivariano puede resolver sus diferencias internas sin la injerencia
de organismos externos, y de que los medios de comunicación pueden hacer mucho
ruido con tergiversaciones de los hechos en pos de desprestigiar a un gobierno
y justificar acciones para destituir presidentes.
Ecuador, fin de la
campaña y repercusión de Venezuela
El jueves pasado se cerró en Ecuador una campaña electoral
bastante densa, en la que el candidato opositor Guillermo Lasso no dudó en
aprovechar – al mejor estilo de la derecha regional- la versión tergiversada difundida por los
medios de comunicación de forma orquestada sobre lo que acontecía en Venezuela.
En este marco Lasso pidió “un cambio” para que el país andino no siga el camino
de Venezuela, donde “un golpe de estado ha anulado a la Asamblea Nacional”.
Lasso centra sus posibilidades en una campaña mediática muy
fuerte contra la Revolución Ciudadana, con denuncias falsas, acusaciones y
montajes. Además de construir la idea de un posible fraude, pues al mejor
estilo Capriles en Venezuela, ha difundido esta tesis e impulsado a sus
seguidores a que el día de las elecciones se concentren frente a las
instalaciones del Consejo Nacional Electoral, hasta que se proclame su
victoria. “Vamos todos juntos a las calles a defender la voluntad popular hasta
que se proclame la victoria del cambio”, dijo.
“No nos podemos
confiar, hoy el Ecuador vive la dictadura de un partido político: tiene control
del Consejo Nacional Electoral y con ese control pretende hacer un fraude en el
Ecuador”, expresó en una de sus actividades de campaña.
De la misma manera manifestó haber denunciado ante la Unión
de Naciones Suramericanas (Unasur) y a la Organización de Estados Americanos
(OEA) “los intentos de fraude” que, según él, se preparan para las elecciones
del 2 de abril.
Lo cierto es que el resultado de estas elecciones son
determinantes para el mapa geopolítico y estratégico en la región, por lo tanto
la derecha al querer seguir avanzando en la línea de Argentina y Brasil, se
juega el todo o nada en Ecuador, uno de los tres últimos eslabones del
progresismo en América Latina.
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